Abusos sexuales en centros de tortura

Por Rodolfo Yanzón - (Fundación Liga por los Derechos Humanos)

Si bien la violación fue uno de los pocos delitos que quedaron exceptuados de las leyes de impunidad, no hubo juez ni fiscal que los investigara, ni Estado que lo tuviera como política.

La Procuración General de la Nación (PGN), a través de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, emitió un dictamen sobre los abusos sexuales cometidos por agentes estatales contra personas secuestradas en Centros Clandestinos de Detención (CCD). Con la firma de Jorge Auat y Pablo Parenti, resalta la necesidad de dar un marco jurídico a los testimonios de las víctimas, sobre todo durante los últimos juicios orales. Fueron muchos los testigos que en esos juicios dijeron sentirse por primera vez en condiciones de hablar sobre uno de los aspectos más traumáticos acaecidos en esos lugares instalados por la dictadura, en los que la única ley fue la tortura, las condiciones inhumanas, la desaparición y la muerte. Por primera vez, hombres y mujeres confían en que el Estado está comprometido a investigar los crímenes de lesa humanidad. Esos hombresy mujeres relataron las violaciones y abusos que los miembros de los grupos de tareas infligieron a los cautivos. Si bien la violación fue uno de los pocos delitos que quedaron exceptuados de las leyes de impunidad, no hubo juez ni fiscal que los investigara, ni Estado que lo tuviera como política. Este pronunciamiento de la PGN, entonces, significa un avance trascendental que permite sacar a la luz este costado miserable de aquellos que aún hoy se reivindican como salvadores de la patria.

Muchas han sido las discusiones que se derivaron de los relatos de las víctimas: si los abusos sexuales debían ser analizados de manera independiente al menú de tormentos al que fueron sometidas; el modo de analizar la prueba; si se podía superar el límite legal que indica que sólo se investigan los abusos si existe consentimiento de la víctima; y el punto tal vez más importante, que es el relativo a considerarlos crímenes de lesa humanidad, con independencia a que se hayan cometido de modo generalizado y/o sistemático. La PGN se pregunta cada uno de esos puntos y brinda respuestas que merecen ser atendidas. Dicen Auat y Parenti que sólo basta con que esos abusos sexuales se hayan cometido dentro del contexto del ataque general o sistemático contra la población civil para que puedan ser considerados de lesa humanidad. Su postura es que deben ser considerados de modo independiente al de los tormentos porque se trata de distintos bienes afectados y los tormentos desdibujan el verdadero acontecimiento y no explican la esencia particular de la agresión sexual.

Un punto que genera debate es el atinente a la instancia privada, es decir, a la necesidad de contar con el consentimiento de la víctima para poder investigar. La PGN distingue diversas situaciones, entre ellas las de las víctimas que no sobrevivieron al CCD, las de aquellas que sí sobrevivieron pero que fallecieron con posterioridad y las de aquellas que aún viven. En el último caso, de no contarse con el consentimiento habría un impedimento para investigar, mientras que en los otros el Estado está habilitado. La PGN pone un énfasis especial respecto de las víctimas que fallecieron con posterioridad a la permanencia en los CCD y sostiene que no es lógico exigir el consentimiento de la víctima cuando durante tantos años el Estado se desentendió de investigar, tanto durante la dictadura –porque fue política la no investigación y las víctimas no contaron con derechos ni garantías– como durante la vigencia de las leyes de impunidad, es decir, hasta septiembre de 2003.

La PGN reconoce que al día de hoy el Estado no brinda suficientes mecanismos para garantizar a las víctimas condiciones necesarias para testimoniar preservando su integridad, protegiéndolas y asistiéndolas, y reflexiona sobre el modo en que deben armonizarse la instancia privada y el carácter de lesa humanidad de los abusos. Sostiene que aunque el Estado tiene la obligación internacional de investigar los crímenes de lesa humanidad, si no se cuenta con el consentimiento de la víctima con vida no debería investigar. Sin embargo, deja lugar al análisis para continuar buscando soluciones que permitan tanto la preservación de las víctimas, como la investigación de esa parte del universo de crímenes cometidos dentro de los CCD, especialmente contra las mujeres. Lo que propone la PGN es un mayor compromiso del Estado con las víctimas. Sólo así será factible la investigación sin límites.
Por haberse cometido en el marco de un ataque contra la población civil, con sus normas y órdenes ilegales, dentro de centros ilegales de tortura y exterminio, la responsabilidad debe caer no sólo sobre quienes directamente violaron o abusaron, sino sobre todos los que permitieron y dieron el marco necesario para que ello ocurriera. Auat y Parenti manifiestan que de ningún modo se puede presumir consentimiento por parte de las secuestradas para haber tenido relaciones sexuales, porque todas ellas fueron realizadas sin libertad, a total merced de sus captores. Un aspecto más para sostener que los crímenes de lesa humanidad sólo pueden ser cometidos por agentes del Estado, y que hay que ocuparse seriamente de las víctimas, si la investigación y el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad es el objetivo.

La criminalización de la militancia

Nota del hendrix: La Licenciada en Historia y Investigadora del CEICS, Stella Grenat, publica una nota titulada "La criminalización de la militancia", que transcribo a continuación porque acuerdo plenamente con su planteo. Y me permito agregar, al pie, un fragmento de una nota que escribí hace ya varios años, donde subyace un razonamiento similar al de la autora mencionada.

La criminalización de la militancia

Por Stella Grenat Licenciada en Historia y Investigadora del CEICS.

El asesinato de Rucci, nunca asumido por ninguna organización, siempre fue vinculado a Montoneros y considerado un hito en el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha peronista.

El 25 de septiembre se cumplió el 38º aniversario de la muerte de José Ignacio Rucci, máximo dirigente de la UOM y, desde 1970, secretario general de la CGT. Como todos los años, se realizó una misa en su nombre en la catedral metropolitana con la presencia de sus familiares y de dirigentes sindicales como Gerónimo Venegas.

Este aniversario viene de la mano de novedades en la causa reabierta en el año 2008, a raíz de supuestas nuevas evidencias aparecidas en el libro Operación Traviata, de Ceferino Reato. Ese año, la familia de Rucci comenzó una investigación que condujo al reciente pedido, formulado al juez federal Ariel Lijo, para que cite a declarar a 13 militantes montoneros que habrían participado del asesinato, entre ellos a sus máximos: Mario Firmenich, Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja. La lista incluye al actual diputado Miguel Bonasso y al director de la Biblioteca Nacional, Horacio González.

A pesar de su trascendencia, lo importante de este avance no es el status de los demandados ni el intento por probar la responsabilidad de Montoneros en el asesinato del líder sindical. Lo verdaderamente central es el interés por considerarlo un crimen de lesa humanidad. La querella sostiene este argumento afirmando que, en el momento de los hechos, algunos de los hoy requeridos revistaban como funcionarios del gobierno peronista, razón por la cual el deceso contaría con la anuencia del Estado.

Un paso fundamental para desentrañar esta maniobra es recordar que el asesinato de Rucci, nunca asumido públicamente por ninguna organización, siempre fue vinculado a Montoneros y considerado un hito en el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha peronista. Enfrentamiento que terminaría con la ruptura total entre Perón y su otrora “juventud maravillosa”. ¿Por qué? Porque Rucci fue, junto al siniestro López Rega, una de las cabezas de la derecha peronista responsable, entre otras cosas, de la masacre de Ezeiza ocurrida el 20 de junio de 1973. Luego de su muerte, los sectores que representaba el líder sindical se consolidaron y constituyeron en la base desde la cual Perón y la Triple A sanearon a sangre y fuego las filas de su movimiento. El jefe de la burocracia cegetista fue considerado siempre una baja de la “derecha” provocada por la “izquierda” del mismo movimiento. De este modo, la muerte de Rucci se inscribe en el marco de la lucha de clases del período en cuestión, lucha que partió al medio al peronismo. No estamos, entonces, frente a un acontecimiento ocurrido entre individuos aislados, sino ante el enfrentamiento entre sujetos insertos en una trama social que explica y otorga sentido a sus acciones. Si perdemos esta perspectiva y sustraemos a los sujetos de sus determinaciones sociales más generales, legítimamente podrá preguntarse por qué no sentar en el banquillo de los acusados a San Martín o al Che Guevara. Sin embargo, lo cierto es que ni siquiera importa cuántos sucumbieron en sus manos.

Partir de estas consideraciones permite comprender por qué lo que verdaderamente importa no es si Montoneros mató o no a Rucci, sino que la pregunta que se impone es si hay o no hay que juzgar a los militantes que se levantaron contra el régimen en aquellos años.

Lejos de este enfoque, el rumbo que está tomando la causa Rucci pretende equiparar militancia revolucionaria con acciones genocidas. Inmersos en la teoría de los dos demonios insisten con que “los guerrilleros fueron terroristas”. Y, en este caso, les viene al dedillo para justificar su pedido de juzgar el hecho como crimen de lesa humanidad, que algunos de estos “inefables terroristas” ocuparan cargos públicos.

Sin embargo, el hecho de que el derrotero de esta causa dé cuenta de la vigencia de lo más recalcitrante de la derecha no debe ocultar que, también, desnuda los límites de una política de Derechos Humanos que termina habilitando que luchadores y asesinos sean metidos en la misma bolsa de genocidas. ¿Cómo se llegó a este punto? La explicación debemos buscarla en la noción de ciudadano sobre la cual se construye nuestro sistema actual de justicia. Una noción abstracta que omite toda referencia material de dichos ciudadanos que, sólo así, alejados de tales determinaciones, son pasibles de ser juzgados con la misma vara.

Repetimos, la discusión no es si Montoneros mató o no, ni si se está de acuerdo o no con el asesinato de Rucci. No, la discusión que se abre con este caso es más profunda e involucra la naturaleza misma de las instituciones de un Estado que toma en sus manos la tarea de juzgar a quienes lo cuestionaron. Aquí se encuentra el eje principal del caso Rucci: abre un camino que, de seguirse, no sólo promueve juzgar a cientos de hombres y mujeres que se entregaron a la lucha en los ’70, sino que sienta un temible precedente para los luchadores de hoy.

......................................................

Aquí el fragmento de una nota que publiqué hace años en el libro "El Gran Juego Latinoamericano"


Creo sinceramente que el progresismo se ha visto embarcado (“engatusado”, sería una palabra más exacta), en una operación tendiente -lisa y llanamente- a reflotar la teoría de los dos demonios.
Que utiliza a Isabel como pantalla para desecharla luego y terminar juzgando a las organizaciones guerrilleras que –según el plan- se convertirán en co-culpables o principales responsables de lo ocurrido. Una operación estructurada, si, por la oligarquía vernácula para preparar un camino de retorno estratégico que les permita recuperarse de esa “victoria militar y derrota política” que mencionaban por los ‘90 algunos generales cuasi olvidados, y que de unos años a esta parte obliga a los dueños del capital a soportar este “tira y afloje” de poderes con los gobiernos que pretenden negociar condiciones y exigirles que disminuyan sus ganancias.

Una reivindicación política que les permitirá tergiversar la historia y afirmar que “no hubiéramos hecho esto si la guerrilla no nos hubiera obligado”, y que sin duda prenderá en buena parte de la sociedad.

Se intentará frenar así esta “peligrosa” reivindicación que algunos sectores de las nuevas generaciones hacen de la lucha de los ‘70. Se pondrá un límite político y social a la defensa que el gobierno hace de los derechos humanos y de esa lucha y se intentará detener los incipientes intentos de las agrupaciones del Movimiento Peronista de recrear una estructura única, una “tendencia” independiente del Partido Justicialista, agrupaciones que, “casualmente”, están conducidas en su mayoría por aquellos que integraron esas organizaciones armadas. Finalmente, se desvirtuará la única herramienta que nos queda para mantener la esperanza del cambio: que la sociedad asuma definitivamente que, aún con métodos erróneos, nuestra lucha era justa y honesta.

Y aquí tal vez acierta Morales Solá cuando sugiere: “¿Podría la Justicia investigar los crímenes de la dictadura y los de la Triple A esquivando siempre el otro fenómeno que existió en aquellos años, el de la insurgencia armada que desafió al Estado y que también secuestro y mató?”….“Hay encumbrados funcionarios kirchneristas que consideran inevitable revisar la responsabilidad, por lo menos, de los jefes de la guerrilla, sobre todo de los montoneros. Los líderes del ERP están casi todos muertos. Garabatean los nombres de Firmenich, de Perdía, de Montoto, entre varios más”.

Probablemente los escasos dirigentes de Montoneros que han sobrevivido deban transitar nuevamente por las celdas y los pasillos de los tribunales, porque serán imprescindibles los chivos expiatorios que den razón de haber generado todo “a costa de una juventud inocente e idealista, pero equivocada y contaminada por el marxismo y la violencia”.

Posiblemente, gracias a la ingenuidad de nuestros compañeros del progresismo, y si la lealtad y la honestidad personal siguen siendo valores importantes para los que hemos sobrevivido, debamos todos los ex militantes de Montoneros y ERP considerar la alternativa de no abandonar en soledad a los que fueron, en su momento, dirigentes de nuestras organizaciones.

Ojalá recordemos, si es necesario, que Firmenich, Vaca Narvaja, Perdía, Kremer, independientemente de los errores cometidos y los concretos desacuerdos que mantenemos, fueron y siguen siendo el Pepe, el Vasco, el Pelado y Luis, y que todos somos quienes somos por lo que fuimos, y por las estructuras que en su momento integramos.

Y será el momento de responder lo más dignamente posible a las ridículas preguntas de los interrogadores del “sistema democrático”, que se atreverán a indagar severamente sobre Rucci (terrible error político, hay que decirlo) o sobre el Comisario Villar, o sobre el Regimiento de Infantería de Monte de Formosa, o sobre el Capitán Viola, pero que nunca podrán imaginarse lo que significa apostar la vida por una idea.

Responderemos, espero, con las mismas palabras con las que Lope de Vega hiciera responder a un pueblo entero:

“¿Quién mató al Comendador?”
“Fuenteovejuna, señor”.

Enrique Gil Ibarra