La criminalización de la militancia

Nota del hendrix: La Licenciada en Historia y Investigadora del CEICS, Stella Grenat, publica una nota titulada "La criminalización de la militancia", que transcribo a continuación porque acuerdo plenamente con su planteo. Y me permito agregar, al pie, un fragmento de una nota que escribí hace ya varios años, donde subyace un razonamiento similar al de la autora mencionada.

La criminalización de la militancia

Por Stella Grenat Licenciada en Historia y Investigadora del CEICS.

El asesinato de Rucci, nunca asumido por ninguna organización, siempre fue vinculado a Montoneros y considerado un hito en el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha peronista.

El 25 de septiembre se cumplió el 38º aniversario de la muerte de José Ignacio Rucci, máximo dirigente de la UOM y, desde 1970, secretario general de la CGT. Como todos los años, se realizó una misa en su nombre en la catedral metropolitana con la presencia de sus familiares y de dirigentes sindicales como Gerónimo Venegas.

Este aniversario viene de la mano de novedades en la causa reabierta en el año 2008, a raíz de supuestas nuevas evidencias aparecidas en el libro Operación Traviata, de Ceferino Reato. Ese año, la familia de Rucci comenzó una investigación que condujo al reciente pedido, formulado al juez federal Ariel Lijo, para que cite a declarar a 13 militantes montoneros que habrían participado del asesinato, entre ellos a sus máximos: Mario Firmenich, Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja. La lista incluye al actual diputado Miguel Bonasso y al director de la Biblioteca Nacional, Horacio González.

A pesar de su trascendencia, lo importante de este avance no es el status de los demandados ni el intento por probar la responsabilidad de Montoneros en el asesinato del líder sindical. Lo verdaderamente central es el interés por considerarlo un crimen de lesa humanidad. La querella sostiene este argumento afirmando que, en el momento de los hechos, algunos de los hoy requeridos revistaban como funcionarios del gobierno peronista, razón por la cual el deceso contaría con la anuencia del Estado.

Un paso fundamental para desentrañar esta maniobra es recordar que el asesinato de Rucci, nunca asumido públicamente por ninguna organización, siempre fue vinculado a Montoneros y considerado un hito en el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha peronista. Enfrentamiento que terminaría con la ruptura total entre Perón y su otrora “juventud maravillosa”. ¿Por qué? Porque Rucci fue, junto al siniestro López Rega, una de las cabezas de la derecha peronista responsable, entre otras cosas, de la masacre de Ezeiza ocurrida el 20 de junio de 1973. Luego de su muerte, los sectores que representaba el líder sindical se consolidaron y constituyeron en la base desde la cual Perón y la Triple A sanearon a sangre y fuego las filas de su movimiento. El jefe de la burocracia cegetista fue considerado siempre una baja de la “derecha” provocada por la “izquierda” del mismo movimiento. De este modo, la muerte de Rucci se inscribe en el marco de la lucha de clases del período en cuestión, lucha que partió al medio al peronismo. No estamos, entonces, frente a un acontecimiento ocurrido entre individuos aislados, sino ante el enfrentamiento entre sujetos insertos en una trama social que explica y otorga sentido a sus acciones. Si perdemos esta perspectiva y sustraemos a los sujetos de sus determinaciones sociales más generales, legítimamente podrá preguntarse por qué no sentar en el banquillo de los acusados a San Martín o al Che Guevara. Sin embargo, lo cierto es que ni siquiera importa cuántos sucumbieron en sus manos.

Partir de estas consideraciones permite comprender por qué lo que verdaderamente importa no es si Montoneros mató o no a Rucci, sino que la pregunta que se impone es si hay o no hay que juzgar a los militantes que se levantaron contra el régimen en aquellos años.

Lejos de este enfoque, el rumbo que está tomando la causa Rucci pretende equiparar militancia revolucionaria con acciones genocidas. Inmersos en la teoría de los dos demonios insisten con que “los guerrilleros fueron terroristas”. Y, en este caso, les viene al dedillo para justificar su pedido de juzgar el hecho como crimen de lesa humanidad, que algunos de estos “inefables terroristas” ocuparan cargos públicos.

Sin embargo, el hecho de que el derrotero de esta causa dé cuenta de la vigencia de lo más recalcitrante de la derecha no debe ocultar que, también, desnuda los límites de una política de Derechos Humanos que termina habilitando que luchadores y asesinos sean metidos en la misma bolsa de genocidas. ¿Cómo se llegó a este punto? La explicación debemos buscarla en la noción de ciudadano sobre la cual se construye nuestro sistema actual de justicia. Una noción abstracta que omite toda referencia material de dichos ciudadanos que, sólo así, alejados de tales determinaciones, son pasibles de ser juzgados con la misma vara.

Repetimos, la discusión no es si Montoneros mató o no, ni si se está de acuerdo o no con el asesinato de Rucci. No, la discusión que se abre con este caso es más profunda e involucra la naturaleza misma de las instituciones de un Estado que toma en sus manos la tarea de juzgar a quienes lo cuestionaron. Aquí se encuentra el eje principal del caso Rucci: abre un camino que, de seguirse, no sólo promueve juzgar a cientos de hombres y mujeres que se entregaron a la lucha en los ’70, sino que sienta un temible precedente para los luchadores de hoy.

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Aquí el fragmento de una nota que publiqué hace años en el libro "El Gran Juego Latinoamericano"


Creo sinceramente que el progresismo se ha visto embarcado (“engatusado”, sería una palabra más exacta), en una operación tendiente -lisa y llanamente- a reflotar la teoría de los dos demonios.
Que utiliza a Isabel como pantalla para desecharla luego y terminar juzgando a las organizaciones guerrilleras que –según el plan- se convertirán en co-culpables o principales responsables de lo ocurrido. Una operación estructurada, si, por la oligarquía vernácula para preparar un camino de retorno estratégico que les permita recuperarse de esa “victoria militar y derrota política” que mencionaban por los ‘90 algunos generales cuasi olvidados, y que de unos años a esta parte obliga a los dueños del capital a soportar este “tira y afloje” de poderes con los gobiernos que pretenden negociar condiciones y exigirles que disminuyan sus ganancias.

Una reivindicación política que les permitirá tergiversar la historia y afirmar que “no hubiéramos hecho esto si la guerrilla no nos hubiera obligado”, y que sin duda prenderá en buena parte de la sociedad.

Se intentará frenar así esta “peligrosa” reivindicación que algunos sectores de las nuevas generaciones hacen de la lucha de los ‘70. Se pondrá un límite político y social a la defensa que el gobierno hace de los derechos humanos y de esa lucha y se intentará detener los incipientes intentos de las agrupaciones del Movimiento Peronista de recrear una estructura única, una “tendencia” independiente del Partido Justicialista, agrupaciones que, “casualmente”, están conducidas en su mayoría por aquellos que integraron esas organizaciones armadas. Finalmente, se desvirtuará la única herramienta que nos queda para mantener la esperanza del cambio: que la sociedad asuma definitivamente que, aún con métodos erróneos, nuestra lucha era justa y honesta.

Y aquí tal vez acierta Morales Solá cuando sugiere: “¿Podría la Justicia investigar los crímenes de la dictadura y los de la Triple A esquivando siempre el otro fenómeno que existió en aquellos años, el de la insurgencia armada que desafió al Estado y que también secuestro y mató?”….“Hay encumbrados funcionarios kirchneristas que consideran inevitable revisar la responsabilidad, por lo menos, de los jefes de la guerrilla, sobre todo de los montoneros. Los líderes del ERP están casi todos muertos. Garabatean los nombres de Firmenich, de Perdía, de Montoto, entre varios más”.

Probablemente los escasos dirigentes de Montoneros que han sobrevivido deban transitar nuevamente por las celdas y los pasillos de los tribunales, porque serán imprescindibles los chivos expiatorios que den razón de haber generado todo “a costa de una juventud inocente e idealista, pero equivocada y contaminada por el marxismo y la violencia”.

Posiblemente, gracias a la ingenuidad de nuestros compañeros del progresismo, y si la lealtad y la honestidad personal siguen siendo valores importantes para los que hemos sobrevivido, debamos todos los ex militantes de Montoneros y ERP considerar la alternativa de no abandonar en soledad a los que fueron, en su momento, dirigentes de nuestras organizaciones.

Ojalá recordemos, si es necesario, que Firmenich, Vaca Narvaja, Perdía, Kremer, independientemente de los errores cometidos y los concretos desacuerdos que mantenemos, fueron y siguen siendo el Pepe, el Vasco, el Pelado y Luis, y que todos somos quienes somos por lo que fuimos, y por las estructuras que en su momento integramos.

Y será el momento de responder lo más dignamente posible a las ridículas preguntas de los interrogadores del “sistema democrático”, que se atreverán a indagar severamente sobre Rucci (terrible error político, hay que decirlo) o sobre el Comisario Villar, o sobre el Regimiento de Infantería de Monte de Formosa, o sobre el Capitán Viola, pero que nunca podrán imaginarse lo que significa apostar la vida por una idea.

Responderemos, espero, con las mismas palabras con las que Lope de Vega hiciera responder a un pueblo entero:

“¿Quién mató al Comendador?”
“Fuenteovejuna, señor”.

Enrique Gil Ibarra