Petitorio para disolver la UCEP en la ciudad de Buenos Aires

A las organizaciones sociales, sindicales, políticas, de derechos humanos, ongs, legisladores, integrantes del poder judicial, personalidades e individuos:
Nos dirigimos a ustedes para transmitirles nuestra preocupación por el funcionamiento de un órgano ilegal, clandestino y violatorio de los derechos humanos, que funciona en el ámbito del gobierno de la ciudad: la UCEP.
Por este motivo el día martes 8 de Octubre, hemos realizado una denuncia judicial (en el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 49, Secretaría 169 en la causa ya existente Caratulada. “Macri, Mauricio, Piccardo Pablo, UCEP s/Amenazas y otros delitos”), presentando como prueba cinco casos testigos donde se ve el accionar de este organismo.


(el video se puede ver en www.observatorioddhh.org.ar)

Creemos urgente poder agotar todas las instancias necesarias, para que este organismo deje de funcionar. Por tal motivo los invitamos a firmar este petitorio, que será posteriormente enviando al Jefe de Gobierno, pidiendo la disolución de la UCEP.
Atte.
Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires.
Para confirmar la firma: observatorio@observatorioddhh.org.ar


PETITORIO AL SR. JEFE DE GOBIERNO MAURICIO MACRI
En la gestión actual, encabezada por el Sr. Mauricio Macri, y en particular desde mediados de 2008, se tomó conocimiento y se tornó mucho más visible el accionar de un grupo de empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries que actúan en horas de la noche, desalojando a la fuerza, con amenazas y golpes, a personas en situación de calle que duermen en algún lugar de la ciudad.
En octubre de 2008 se creó el organismo que le dio cobertura administrativa a este grupo de personas que actúan clandestinamente. Así, por intermedio del Decreto Nº 1232/08 de fecha 21 de octubre de 2008, se creó la UCEP, el Organismo fuera de nivel Unidad de Control del Espacio Público, que depende de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad.
Con el transcurso de los meses y acentuando su actuación en noviembre y diciembre de 2008, la UCEP se hizo famosa en la noche de la ciudad, principalmente en la zona sur, desalojando a los golpes a familias que dormían en las calles, muchas de ellas debajo de la autopista.
En sus procedimientos, la UCEP, además de agredir físicamente en forma violenta a las personas, roba todas las pertenencias de las víctimas y, en algunos casos, las arrojan en un camión colector de basura que también forma parte de estas operatorias ilegales. Por lo general, estos camiones (en algunos casos sin chapa patente que los identifique) pertenecen a empresas recolectaras de residuos contratadas por el GCBA, como es el caso de PANIZZA.
A la fecha, existen más de quince denuncias efectuadas por víctimas de la UCEP en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Por otra parte, está acreditado -por diversos testimonios- que la UCEP participó en otro tipo de desalojos. Entre otros se hicieron conocidos, el desalojo del inmueble en la Av. Paseo Colón 1588 ,el 27 de febrero de 2009 , el desalojo de la Huerta Orgazmizca el día 18 de mayo de 2009 en Caballito, y también se hizo conocida su intervención en el desalojo de los puestos de venta ambulante en la Costanera Sur el 16 de septiembre del corriente año.
Las conductas desplegadas por los agentes de la UCEP encuadran en los delitos tipificados por los arts. 89, 149 bis, 149 ter y 248 del Código Penal de la Nación. Esto es: lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La ilegalidad que reviste la UCEP no surge sólo de las conductas de los agentes o funcionarios del Gobierno de la Ciudad involucrados, sino también de la ambigüedad normativa que facilita esas conductas. El Decreto N° 1232/08, que creó su estructura, aloja -desde una cortina legal- prácticas delictivas. En efecto, los objetivos mencionados en el Decreto son agraviantes para un estado de derecho en tanto promueven facultades que no son propias de un organismo de estas características
La norma convierte en regla una facultad excepcional del derecho administrativo y le otorga al órgano UCEP la competencia para efectuar desalojos por medio de la persuasión, lo cual en la práctica significa directamente la utilización de amenazas y la fuerza física.
A fin de entender más acabadamente esta problemática, es importante destacar que dormir en la calle no es ningún delito, ni contravención. Es decir, esa acción no está tipificada y no puede ser perseguida penalmente ni sancionada.
El Gobierno de la Ciudad debe profundizar sus políticas de asistencia social y brindar respuesta habitacional en el espacio público para evitar su ocupación. No puede, además, violar los derechos de las personas (como su integridad o su libertad) en pos de la utilización sectorial del espacio público y el gusto de algunos ciudadanos que se sienten molestos porque otros viven en la calle.
Los problemas de la pobreza, indigencia y vulneración social no se resuelven con represión. Por el contrario, es obligación del Estado local, en cumplimiento del marco constitucional vigente, proveer los mecanismos necesarios para que las personas puedan resolver su situación de vulnerabilidad.
La forma que eligió el Gobierno de la Ciudad de intervenir sobre esta problemática lo coloca como violador de derechos humanos, con proyección de responsabilidad internacional.
El derecho internacional, nacional y local de los derechos humanos prevé obligaciones para resolver la pobreza y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene programas específicos para actuar en esta dirección, que no son dispositivos como la UCEP.
Pareciera que silenciosamente existe una decisión política de despejar al espacio público de los pobres y que esa decisión debe sostenerse aún con el costo de la violación derechos humanos, causando un retroceso institucional inédito y de suma gravedad para la Ciudad de Buenos Aires.
El modelo de seguridad que nos ofrece el actual Gobierno de la Ciudad con el ejemplo de la UCEP es represivo, discriminatorio y en perjuicio de los derechos de los más vulnerables.
Por este motivo es que los abajo firmantes, solicitamos al Sr. Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, la disolución de dicho organismo y la investigación de los hechos cometidos


Firmas
Organizaciones No Gubernamentales:
Abuelas de Plaza de Mayo
COPADI (Colectivo por la Diversidad)
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Politicas
Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad


Enrique Gil Ibarra (periodista-escritor - DNI 11.630.339)