Por Alejandro Horowicz
¿El 7 de diciembre será el parteaguas, o tan sólo un horizonte brumoso que se deshilachará sin más?
“No hay enemigo intelectual más temible que el que no tiene razón, salvo el que no la tiene pero cuenta con toda la moral social de su parte.” Juan José Saer
La atmósfera política se corta con cuchillo. La más ínfima de las expresiones públicas de la presidenta cobra inusitado espacio público. Todos opinan. Mirtha Legrand, Beatriz Sarlo, Pinky, Jorge Lanata. Una oración de Cristina Fernández gatilla cataratas de curiosos comentarios; comentarios que "interpretan" chicaneramente lo dicho, y convenientemente entresacados bajan desde la tapa de los diarios comerciales a la radio y la TV, para cobrar forma definitiva en las redes sociales. Una guerrilla mediática ha sido eficazmente instalada.
Aclaremos los tantos. No se trata de un debate sobre la verdad, sino de lograr que la sospecha infecte todo. Una igualación bostiferante hacia abajo; todos y todo son iguales: ladrones, corruptos, mentirosos.
Aun así, como esta es una guerrilla oligárquica, la corrupción y la mentira que deben eliminarse son las de un solo bando. Por eso, una foto de Guillermo Moreno, dentro de un ataúd con un disparo en la cabeza, no pudo ser ignorada por nadie. En verdad, llamar "estrategia política" a una fotografía trucada pareciera excesivo. Y sin embargo, si el deseo de asesinar a un funcionario se volviera realidad, si realmente fuera asesinado, no cabe ninguna duda de que un sector de la sociedad aplaudiría hasta que le dolieran las manos, ante la consternación de la mayoría.
La foto navega en sustitución del asesinato real. Tanto los bombardeos de la Plaza de Mayo, como la política de desapariciones de la dictadura burguesa terrorista del '76 fueron ejecutadas por profesionales de la violencia. Nunca se trató de ninguna acción espontánea, sino de los organismos de represión del Estado. Ese es el punto, esta guerrilla oligárquica sustituye el golpe real; las fuerzas armadas son incapaces de dar un golpe de Estado, y nadie lo ignora. Así era en 2001 y así sigue siendo. Por eso, ningún uniformado habla. El silencio militar remite a una lectura clave: las FF AA ya no son un factor político.
Retomemos el piolín. Existe una percepción compartida: se avecinan momentos decisivos. ¿El 7 de diciembre será el parteaguas, o tan sólo un horizonte brumoso que se deshilachará sin más?
La sociedad argentina tolera muy mal el conflicto. La política del terror sistemático, ejecutada en el pasado reciente, capturó la mirada y la sensibilidad colectivas. Enfrentamiento equivale –desde esa perspectiva– a derrota popular, y derrota popular, quién lo ignora, hace temer que el terrible ciclo de captura, tortura, violación y asesinato reviva. Entonces, para evitar la derrota popular, parecería preciso obviar el enfrentamiento. Rendirse sin lucha, porque la lucha misma se ve como imposible.
Ese es el pedido aterrado de un fragmento de la sociedad: basta de conflicto. El otro fragmento hace circular fotos de Moreno para revivir, restablecer, alimentar ese terror con cierto éxito. Hay un tercer segmento, el que está pensando qué hacer.
La sociedad argentina perdió el hábito de procesar políticamente las diferencias, y por tanto no puede imaginar sino en términos de catástrofe un cambio en la relación de fuerzas mediáticas. Además, la idea de que los dueños de Clarín y La Nación pierdan el control de un orden construido a su medida, para que la política no sea ninguna otra cosa que la continuación de los negocios por otros medios, de sus negocios, armoniza con un horizonte global de sometimiento irrestricto al poder fáctico. En ninguna parte del mundo "civilizado" sucede otra cosa, por qué habría de suceder acá. A lo sumo las víctimas protestan y la policía, por ejemplo la española, reprime como acá se reprime a los pueblos originarios.
Si la sociedad argentina acepta que termine por no pasar nada, si la frontera del 7 de diciembre sólo queda en un montoncito de palabras, la estrategia habrá funcionado evitando el conflicto, pero sin ninguna eficacia transformadora.
Conviene no equivocarse. Este no es un problema K o anti-K, si el 7 de diciembre quedara claro que las leyes del Congreso y la Corte Suprema solamente rigen si Clarín y La Nación quieren, el poder estaría en sus manos. Un poder de veto ejercido sin cortapisas nos recordaría que el único interés legítimo es el del bloque de clases dominantes. Dicho de un tirón, se trata de saber si Clarín y La Nación conservan en sus manos el poder intacto, o si la sociedad argentina (los integrantes del bloque popular) son capaces de recuperar la política como instrumento de transformación. Si hemos clausurado mediante una victoria popular la democracia de la derrota donde, votaras a quien votaras, votabas lo mismo, o si la guerrilla mediática oligárquica termina siendo a la postre suficiente. Es decir, la guerrilla intenta poner en discusión quién manda.
PARADOJAS ARGENTINAS. Toda la campaña oligárquica, en el sentido aristotélico del término, parte de una presuposición: no olviden que los políticos sólo se proponen enriquecerse a nuestra costa, si atacan a un monopolio es para construir otro más afín, para decirlo en los términos del '76: el "festín de los corruptos", ya que "gobiernan para sí mismos".
La eficacia del postulado es simple: la mayor parte de los funcionarios del oficialismo fueron a su vez funcionarios de los gobiernos anteriores. Y sus posturas de entonces no diferían demasiado del menemismo clásico. Y como menemistas eran todos, justo ahora se les ocurrió "cambiar". No será gatopardismo vulgar, que algo cambie para que siga todo igual.
Sostuvo Mariano Grondona, impensable "pensador" K, en sus conferencias del '92 sobre la corrupción: "En los países donde hay estado de corrupción, en cambio, la investigación es entendida como persecución. Desde el momento en que se da por supuesto que todos son culpables de algo, desde el primer mandatario hasta el ciudadano que evade los impuestos, cuando se investiga a una persona esta se pregunta, con alguna razón: ¿por qué a mí?"
Ese es el punto. Cambiar la Suprema Corte menemista por otra de alta calidad jurídica y moral, fue la primera medida importante posterior a 2001. La significación de esa Corte se aquilató con la derogación, a pedido del Congreso, de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Es decir, restableció la relación entre los delitos y las penas, entre las palabras y las cosas, entre la política y la ley. Restableció la igualdad ante la ley, y por tanto la posibilidad misma de "la investigación". Ahora bien, paradójicamente, el gobierno K responsable de esta Corte reclutó en buena parte a sus funcionarios entre los profesionales de la política. Y, por tanto, no soporta él mismo el "nuevo" y exigente postulado: igualdad ante la ley, castigo para todos los delitos.
No se trata de caer en el cinismo ("de dónde saldrían funcionarios mejores") sino de entender la intensidad de la derrota de los sectores populares. Los represores juzgados y condenados nunca fueron hasta hoy acusados de imponer la modalidad "botín de guerra". El "roban pero hacen" menemista no es más que la versión civil de ese postulado militar. Y ningún político relevante propuso una estrategia elemental contra la corrupción: devolver la plata, que los funcionarios corruptos tengan que pagar con sus bienes personales.
La guerrilla mediática oligárquica golpea en este punto débil. Para contrarrestarla, este orden de cosas no puede ni debe sostenerse a futuro. Mientras Carlos Saúl Menem siga siendo un inimputable, las sospechas seguirán teniendo asidero lógico y político. Esto no supone que todos los que hacen política sean iguales, sino que la diferencia entre corruptos y decentes debería dejar de ser discrecional para pasar a ser objeto del examen colectivo.
El bloque popular no debe olvidar que decir la verdad sigue siendo revolucionario.
